La soja y el latifundio, contra el campesinado paraguayo

ultor, y es el nombre del informe que hace pocos días publicó la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) acerca de los asesinatos de campesinos cometidos en ese país en los últimos 24 años. El trabajo toma como fecha de comienzo de la investigación el 3 de febrero de 1989, día en que el general Andrés Rodríguez encabezó un golpe de Estado que destituyó al dictador Alfredo Stroessner luego de 35 años de gobierno. Es a partir de allí que comienza la llamada Transición Democrática, período que, según varios analistas, aún está en desarrollo. La Codehupy señaló en su informe que desde la caída del dictador hasta agosto de 2013, 115 campesinos fueron asesinados por fuerzas de seguridad o sicarios al mando de grandes terratenientes con el fin de amedrentar la lucha por la tierra. Un dato que los investigadores vinculan directamente con el avance del agronegocio y la concentración de la tierra producidos durante la Transición Democrática.

Paraguay tiene un índice de concentración de la tierra muy elevado. Según datos oficiales, el 2,6% de los propietarios tienen el 85% de la tierra cultivable del país. Un proceso que en las últimas dos décadas se ha acentuado. Entre 1991 y 2008, las fincas menores a 100 hectáreas de extensión disminuyeron en un 15%, mientras que las más extensas aumentaron en un 43% ocupando 30.107.408 hectáreas cultivables del país. A esto se le suma el fenómeno de las tierras malhabidas, campos que debían destinarse a la reforma agraria y terminaron en manos de simpatizantes de la dictadura stroenista o amigos de altas autoridades del Estado paraguayo. Entre 1954 y 2003 fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7.800.000 hectáreas de tierra.
“En ese contexto de alta concentración de la tierra, de una gran cantidad de tierras malhabidas, de una deuda pendiente de la transición democrática que es la reforma agraria, los diversos actos de atropello y violencia contra los campesinos se producen en respuesta a los reclamos que los movimientos vienen haciendo hace mucho tiempo”, explicó Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Codehupy. “Son reivindicaciones que pasan por una reforma agraria que incluya la recuperación de las tierras malhabidas y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas. Es importante señalar que la reforma agraria en nuestro país tiene rango constitucional.” En su trabajo, la coordinadora recopiló cada uno de los 115 casos detectados, incluyendo reconstrucciones de los asesinatos, y documentos que prueban la vinculación de los mismos con históricos sectores de poder. “Hay claramente un plan impulsado por terratenientes, sectores de poder político y económico para ir desplazando progresivamente a la población campesina de sus tierras y apropiarse cada vez más del territorio campesino”, explicó Gauto. “Estos sectores ven a la tierra como un capital sumamente rentable y no tienen ningún reparo en avanzar en este plan de ejecuciones. Desde el Poder Judicial y el Ministerio Público no se investigan adecuadamente estos hechos y mucho menos se llega a una condena a los autores morales. Hay un pacto tácito de complicidad entre Ministerio Público, Poder Judicial y sectores de alto poder económico y político”. El objetivo es entonces descabezar a los movimientos campesinos, eliminar a sus líderes o principales referentes para desmovilizar y generar miedo. “Hemos podido verificar el temor que queda instalado en las comunidades donde se produjeron estos asesinatos y la dificultad en encontrar personas que puedan asumir el papel de los líderes que fueron ejecutados”, sostuvo el titular de la Coordinadora.
En ninguno de los 115 casos se ha condenado a los responsables políticos. De los 91 asesinatos que han llegado a instancias judiciales, sólo en ocho los autores materiales han sufrido alguna sentencia, aunque ninguna firme. Otros 47 se encuentran en proceso, 14 se declararon casos perdidos y no localizables, 16 fueron cerrados judicialmente, y seis no fueron investigados. La mayoría de los autores materiales, el 67%, son sicarios parapoliciales. En algunos casos, se trata inclusive de organizaciones civiles impulsadas por el Estado, como las “comisiones de seguridad vecinal” implementadas por el presidente Nicanor Duarte (2003-2008), responsables de varios ataques a movimientos campesinos. Las fuerzas de seguridad, en cambio, fueron las responsables del restante tercio de las ejecuciones, en número cada vez mayor luego de la aprobación de la reforma penal de 1997, sus sucesivas ampliaciones en el 2008 y la Ley Antiterrorista promulgada en 2010, que permite reprimir varias de las acciones que las organizaciones campesinas llevan adelante, como los cortes de ruta. Más recientemente, el actual presidente Horacio Cartes aprobó la cuestionada Ley de Seguridad Interna, que permite al Ejecutivo, sin aprobación del Parlamento, la militarización y declaración de Estado de Sitio en enteras regiones del país con la excusa de la lucha contra la insurgencia de Ejército del Pueblo Paraguayo. “Se han hecho denuncias de atropellos en casas de campesinos y dirigentes, y persecuciones sistemáticas a las organizaciones en el marco de esta ley”, explicó Alberto Britez, del Movimiento 15 de Junio. “Esto tiene que ver directamente con el avance del modo de producción capitalista en el campo, el agronegocio. Este período de asesinatos tiene directa relación con el de expansión del territorio sojero y ganadero. En muchos de los casos, los autores morales sospechados son dueños de estancias, grandes empresas agroganaderas que contratan sicarios, o capangas como les decimos nosotros. Esta expansión sojera ejerce presión sobre los asentamientos de campesinos en el campo y población indígena.” Según Britez, esta presión ha crecido exponencialmente bajo el gobierno de Federico Franco a partir de 2012, y Cartes, que el pasado 15 de agosto cumplió su primer año de mandato, mantuvo la misma política. “Es la política de firma de convenios con grandes empresas, habilitación de cada vez más semillas transgénicas de Monsanto que inclusive quiere plantar soja en el Chaco Paraguayo, un territorio muy árido. Entonces se da la compra de tierras campesinas e indígenas, expulsión vía fumigación de las poblaciones, que no sólo aumenta los casos de enfermedad, sino que ahuyenta a los campesinos”. Gran conmoción causó recientemente la muerte de Adela y Adelaida Álvarez, de seis meses y tres años de edad respectivamente, a causa de las fumigaciones en Huber Duré, departamento de Canindeyú. “Muchos pobladores resisten en sus asentamientos y esto provocó que bajo el gobierno de Cartes se haya rehabilitado una modalidad que ya se usaba antes pero no era común, que es la protección policial para la fumigación de los campos de soja. Esto genera una reacción natural de la población y ha habido casos de enfrentamientos, inclusive con armas de fuego, donde dirigentes campesinos fueron baleados”, explicó Britez.
La Federación Nacional Campesina del Paraguay (FNC) es una de las organizaciones más afectadas por los asesinatos. Desde 1989, 14 de sus miembros han sido ejecutados. Marcial Gómez, secretario general adjunto de la FNC, explicó que “la gran mayoría de las luchas campesinas que se desarrollan en nuestro país son reprimidas violentamente por el Estado. Es la lucha por un modelo de desarrollo nacional. Hoy tenemos un modo de producción agroexportador empresarial basado en el monocultivo de la soja. Esto expulsa al campesino del campo y va creciendo el latifundio en pocas manos. Nosotros venimos organizando cortes de ruta y ocupaciones de latifundios porque es la única forma de conquistar un pedazo de tierra, defender a nuestras comunidades, u obtener pequeños logros sectoriales. Pero lo que realmente importa es colocar en el debate nacional un nuevo modelo de desarrollo. Basado en la reactivación de la producción agrícola, la reforma agraria, el desarrollo industrial, que son necesidades fundamentales para nuestro desarrollo”.