De lo peor a lo mejor: lucha contra el lavado de dinero en Latinoamérica

El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas del Caribe mientras deja dos tradicionales paraísos fiscales del crimen organizado de Latinoamérica en la mitad del grupo.

El Índice de 2022 pusó a Haití en la penúltima posición a nivel mundial, lo cual no sorprende si se considera cuántos de sus líderes políticos actuales y retirados han enfrentado sanciones internacionales por corrupción y financiación de pandillas. El Caribe, en general, tuvo un desempeño deficiente, con las Bahamas y Saint Kitts y Nevis, también rondando los últimos lugares del escalafón, excepto por la pequeña nación de Dominica, que encabezó el ranking de las Américas.

El informe también puso a Ecuador, Brasil y México en la mitad del escalafón, a pesar de su notoria participación en el crimen a nivel regional. Y mostró cómo países como Chile, Uruguay y Costa Rica han mantenido el problema a raya, gracias a inversiones en unidades de delitos financieros, fiscales especializados y confiscación regular de activos. Incluso Colombia mostró un desempeño honroso, al quedar en mejor posición que muchos países de la Unión Europea.

El Instituto de Gobernanza de Basilea señala que el Índice de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) es una clasificación de 203 países y jurisdicciones según sus respectivos esfuerzos y capacidades para mitigar el lavado de dinero. A continuación, InSight Crime examina el gran ganador y el gran perdedor y a unos cuantos en medio.

El peor: Haití

Para Basilea, Haití tuvo la peor calificación de la región en términos de iniciativas para combatir el lavado de dinero, además del segundo peor lugar después de República Democrátical del Congo.

No fue una sorpresa. Denuncias de lavado de dinero han rondado a las élites políticas de Haití en los más altos niveles. El anterior presidente del país, Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021, se vio envuelto en investigaciones por lavado de dinero, incluso antes de asumir el poder.

En 2019, la última evaluación hecha por la Fuerza de Tarea para la Acción Financiera (Financial Action Task Force, FATF) sobre el país observó que Haití no había «registrado ningún proceso o condena exitoso por delitos de lavado de dinero en los cinco años anteriores”.

Y en noviembre del año pasado, Estados Unidos y Canadá sancionaron a altos políticos por nexos con narcotráfico y financiamiento de pandillas, y Canadá específicamente citó el lavado de dinero como el motivo de las sanciones financieras.

Por su parte, el centro de pensamiento Integridad Financiera Global (GFI) llamó la atención sobre los problemas estructurales que permiten que los políticos haitianos participen en una actividad criminal tan desenfrenada en un informe de 2021.

“La constitución cobija a los miembros del parlamento con inmunidad mientras tengan su investidura, y no pueden ser despojados de su fuero por el Estado con miras a un proceso judicial”, señaló el informe de GFI.

Un experto dijo a GFI que esto conlleva a que los actores criminales se vean «cada vez más postulándose a elecciones y dirigiendo sus empresas criminales desde las más altas instancias del gobierno”.

De hecho, según GFI, el único problema más extenso que el lavado de dinero en Haití es la corrupción, puesto que esos dos delitos suelen ir de la mano.

En el medio de la manada: Brasil, Ecuador y México

El Instituto de Gobernanza de Basilea señaló que Ecuador, Brasil y México mostraron dos puntos en común: la corrupción y el soborno constituyeron la peor calificación, mientras que la transparencia pública el mejor calificado.

Aunque están bien documentados los problemas de Ecuador con un acelerado incremento de la violencia de pandillas, hay menos claridad sobre sus problemas de blanqueo de dinero. El monto de dinero lavado en Ecuador alcanzó los US$3.500 millones en 2021, el triple de lo registrado en 2016, según un informe recién publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

El CELAG agregó que el lavado de dinero en el país podría llegar al 5% del producto interno bruto de Ecuador. El aumento del narcotráfico ha agudizado en buena medida ese incremento, señaló el centro de pensamiento, pues las ganancias de la droga han llegado a ser tan copiosas que exceden en mucho la capacidad de investigación financiera en Ecuador.

Brasil también quedó en medio del índice de Basilea. Las acusaciones de lavado de dinero fueron una constante para la presidencia y la familia de Jair Bolsonaro. El exmandatario se vio implicado en denuncias de participación en un entramado, conocido como rachadinha, en el que se retendría parte de los salarios de sus empleados como soborno a cambio de conservar sus empleos. Su hijo, Flavio, su exesposa y otros aliados más de Bolsonaro también están bajo investigación por lavado de dinero.

A una escala más amplia, el país tuvo que vérselas con notorios casos de lavado de dinero que involucró a una de las firmas de cambio de criptomonedas más grandes del país. Y los milicianos de Río de Janeiro, estructuras criminales conformadas por policías activos y en retiro, blanquearon hasta tres mil millones de reales (US$582 millones) derivados de diversas economías criminales en un periodo de tres años, según las estadísticas del Consejo para el Control de las Actividades Financieras (Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Coaf), ente investigador del gobierno.

El nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha enfrentado sus propios escándalos de lavado de dinero, en relación con el macrocaso Lava Jato (Autolavado Exprés), que halló un entramado de corrupción extensa entre políticos latinoamericanos y la megaconstructora brasileña Odebrecht, entre otros. Actualmente, enfrenta una batalla política por su intento de reforma a las funciones de vigilancia y rendición de cuentas del Coaf.

La transparencia y la rendición de cuentas públicas fueron la tabla de salvación de México. Las rigurosas leyes del país sobre las declaraciones de bienes personales y la transparencia en la financiación electoral fueron clasificadas entre las mejores del mundo, al menos en el papel, por el índice de Basilea que califica la lucha contra el lavado de dinero. Pero en lo que respecta a la corrupción y el soborno, México fue calificado peor que países como Rusia o Birmania.

Tampoco ayudó la lentitud percibida de las investigaciones de México sobre el escándalo de Odebrecht, cuando otros países han llevado a prisión o emprendido juicios políticos a varios sospechosos. La falta de condenas de personajes reconocidos y las amenazas contra los investigadores no han hecho más que acentuar la falta de avances.

Y el aumento en el tráfico de fentanilo, que depende en gran medida de precursores químicos procedentes de China, también ha llevado a los carteles mexicanos a poner millones de dólares en entramados financieros con socios chinos, los cuales son difíciles de rastrear debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas.

El mejor: DominicaLa pequeña isla de Dominica, sobre el Caribe, tuvo la mejor calificación global de la región en el Índice de Basilea, por delante del promedio mundial en riesgo legal y político, así como por el riesgo de corrupción, soborno y el riesgo general de lavado de dinero.

Sin embargo, los expertos no se ponen totalmente de acuerdo sobre el buen desempeño de Dominica. Aunque la isla exhibió la clasificación más alta en la efectividad de la lucha contra el lavado de dinero, según el Índice del Instituto de Basilea, GFI calificó su efectividad con 2,5 de 5, lo que la pone sin duda en la mitad de la escala para la región.

GFI observó que la Unidad de Servicios Financieros de Dominica, que regula los bancos y las entidades financieras a la par que combate los delitos financieros, solo tiene seis empleados.

La escasez de personal y la falta de recursos son grandes problemas en la preparación del país para combatir el lavado de dinero. Aun así, entre 2016 y 2018, Dominica logró 21 decomisos de bienes relacionados con el lavado de dinero y abrir procesos judiciales a siete de diez investigaciones por lavado de dinero iniciadas durante ese mismo periodo.

Más aún, Dominica está escasamente poblada, es una economía en desarrollo y carece de infraestructura de propiedad raíz, el vehículo más común del lavado de dinero en las jurisdicciones del Caribe. El país también tiene una participación relativamente pequeña en comercio, otro reconocido canal para el lavado de dinero, con un balance combinado de exportaciones e importaciones que a duras penas supera los US$400 millones, según estimados de la CIA para 2021.

A pesar de su alta clasificación, Dominica es uno de muchos puntos de transbordo en el Caribe para los narcóticos ilegales que se mueven desde Suramérica hacia el continente europeo. Según el informe anual de 2022, presentado por la Estrategia Internacional Estadounidense para el Control de Narcóticos (INCSR), ese es el principal motor del lavado de dinero en la isla.