Comisarías cobran peaje para “la corona”

La mayoría de las comisarías de Canindeyú cercanas a las zonas de producción de marihuana deben obligatoriamente pagar una suerte de “cuota mensual” a sus superiores para poder mantenerse en sus puestos, según investigaciones a las que accedió el diario ABC.

El dinero que mueve el narcotráfico, estimado en US$ 400 millones al año, es un atractivo para los afectos al dinero fácil. Este fue motivo principal de las últimas movidas policiales, según trascendió.

Estar a cargo de una comisaría, una subcomisaría o un puesto policial en la zona caliente del tráfico de marihuana es redituable económicamente tanto para el que está en el lugar como para los jefes policiales.

Según una investigación a la que accedió ABC Color, hay montos fijos y variables, según el lugar en el que está ubicada la unidad policial, que quienes están al frente deben abonar mensualmente a sus superiores.

A su vez, algunas comisarías estarían “recaudando” montos que no pudieron ser determinados por hacer la vista gorda al narcotráfico. Por eso, para algunos es atractivo ser destinado en alguna jefatura policial del departamento, dada la oportunidad de recibir dinero seguro.

La existencia de este aceitado sistema no es un secreto para quienes viven en la zona, pero casi nadie se anima a realizar denuncias, ya que pondrían en riesgo sus vidas. La investigación a la que accedió nuestro diario posibilitó conocer las cifras que se manejan en este “negocio”. Estos números corresponden a datos actualizados a diciembre de 2014. No incluye a la totalidad de comisarías, subcomisarías y puestos policiales, dado que, en algunos de ellos, no fue posible confirmar números exactos.

Toda esta situación no sería posible si es que no existiera además la necesaria protección política para que funcione. Los jefes policiales necesitan de la impunidad que solamente pueden dar las autoridades políticas del departamento para evitar ser trasladados o sancionados en caso de que haya denuncias.

Eso explica que se haya tardado tanto tiempo en hacer los cambios, a pesar de la evidencia de que había inacción en el combate al delito del narcotráfico.

De acuerdo a los datos a los que se pudo acceder, este sistema de “peajes” a las comisarías viene funcionando desde hace mucho y prácticamente se “institucionalizó” en el tiempo en que Vilmar “Neneco” Acosta era el “capo” de la zona.

Es posible también que todo hubiera seguido igual de no haber sido por el alevoso asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada. El hecho puso al descubierto hasta qué punto los narcotraficantes se consideraban impunes para poder hacer cualquier cosa. Pero, también obligó a algunas autoridades a mostrar actitudes más firmes y dar indicios creíbles a la opinión públicas de que existe voluntad para que esta situación no se desborde totalmente.

Los últimos cambios policiales buscan de alguna manera terminar con este estado de cosas, pero todo dependerá de la integridad moral de los nuevos jefes policiales designados en el departamento y del control que exista de parte de quienes realmente desean poner frenos al flagelo del narcotráfico y mejorar la imagen de la institución policial.

CRISTINA VILLALBA, DIPUTADA

La legisladora, que llegó a ser líder de la bancada colorada en el periodo 2013/14 con el respaldo del presidente Horacio Cartes, aparece como la “jefa política” y la que maneja los hilos del departamento de Canindeyú. Se le atribuye haber operado activamente para aplazar los cambios en la cúpula policial en la zona.

PURIFICACIÓN MOREL, DIPUTADO

Pese al alto cargo que ocupa, no se le conocen acciones concretas para luchar contra el narcotráfico en su departamento. En la Cámara Baja solamente es conocido por sus creencias religiosas que lo llevaron a hacer viajes para participar en congresos sobre el tema. Últimamente procura “despegarse” de su colega Villalba.

El ministro del Interior, Francisco de Vargas, y el comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, máximos responsables de la seguridad en el país, procuran ahora, con los cambios masivos realizados, revertir la imagen de inacción y de posible complicidad que daban las autoridades policiales del departamento de Canindeyú. Además, hasta ahora no lograron detener a los autores del crimen de Pablo Medina.

VILMAR “NENECO” ACOSTA

La detención del exintendente de Ypejhú, principal acusado de ser el autor moral del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada, constituye uno de los mayores desafíos para las nuevas autoridades policiales nombradas en el departamento de Canindeyú. El prófugo de la Justicia era uno de los que se beneficiaban con el sistema de peajes a las comisarías para proseguir sus “negocios”.

WILSON ACOSTA

El hermano de “Neneco” Acosta sería, según las investigaciones oficiales, el autor material de los disparos que acabaron con las vidas de Pablo Medina y Antonia Almada. Según las declaraciones de Arnaldo Cabrera, exchofer de los Acosta, Wilson fue traído especialmente desde Brasil por su hermano para “tareas” específicas: matar a su rival político Julián Núñez y el periodista Medina.ABC